[Todos] Megaminería -vs- "Reprimarización, dependencia y dem ocracia"

[Colectivo desde el Pie]

"Es la reprimarización, la dependencia y
la democracia, estúpido"

 Reenviamos extracto, resumen y puntos resaltados de la nota en la
 revista "miradas al sur" publicada por Maristella Svampa y
Enrique  Viale, Socióloga, Conicet y Asociación Argentina de
Abogados  Ambientalistas.

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En  
términos geopolíticos, la opción
“mineral” que hoy busca implantarse  en  la región
latinoamericana, desde México a la Argentina, responde a  una 
nueva división territorial y global del trabajo, basado en la  
apropiación irresponsable de los recursos naturales no renovables,
que   ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas,
políticas y ambientales   entre el norte y el sur. Lo que sucede es
que, más allá de las retóricas   industrialistas y
emancipatorias en boga, nuestros gobiernos tienden a   aceptar como
“destino” el “nuevo consenso internacional”, en
nombre de   las “ventajas comparativas” o de la pura
subordinación al orden   geopolítico mundial, el cual
históricamente ha reservado a América  latina el rol
de exportador de Naturaleza, sin considerar sus impactos 
desestructurantes sobre la población ni los efectos
socioambientales.

En   este sentido, el extractivismo resultante no es un
destino, es una   opción política y civilizatoria, asumida
por los diferentes gobiernos,   que va reconfigurando negativamente
nuestros territorios y economías y  genera una nueva
dependencia: cada vez exportamos más materias primas,   lo
cual aparece reflejado en la concentración económica, en la 
 especialización productiva, así como en la
consolidación de enclaves de   exportación, rasgos que
históricamente fueron criticados tanto por el   desarrollismo como
el marxismo.




Por   otro lado,
la historia mundial ha venido mostrando que ningún país del 
 sur se ha desarrollado apelando a la explotación de sus recursos  
minerales.




En   el caso de
países especializados en la provisión de materias primas,  
como los nuestros, ninguno de ellos ha superado la pobreza gracias a la  
gran minería transnacional. Ésta puede generar
fuerte crecimiento  económico (aumento del producto interno bruto,
PIB), como sucede en el  Perú minero, pero
éste es volátil, con escaso “derrame” y sin
auténtico  desarrollo para la población.



Respecto   de la renta
minera, las reformas de los ’90 y el régimen tributario  
permitieron que el sector funcionara con altas tasas de rentabilidad  
sobre el capital invertido, “mayores sin duda de las que se hubieran
  obtenido en caso de que la industria minera hubiera estado sujeta a las 
 generales de la ley”, como afirma el economista de la Cepal J.
Katz. No  es que no paguen el impuesto a las Ganancias, pero
tienen un régimen que  les permite deducciones de todo tipo y
alcance.



La 
Ley 24.228,  de 1993, que consolida el denominado “Acuerdo
Federal  Minero” entre el  Poder Ejecutivo y las provincias, les
concede la  eliminación de  gravámenes y tasas municipales,
del Impuesto de Sellos y  se comprometen  a “evitar todo tipo de
distorsiones” en las tarifas de  luz, gas,  combustibles y
transportes que pudieren afectar la actividad.  Asimismo,  la gran
minería goza de reintegros de un porcentaje sobre el  valor de  las
exportaciones realizadas a través de los puertos 
patagónicos, y  están exentas del pago de derechos a la
importación y de  todo otro  impuesto por la introducción de
bienes de capital y todo  insumo  relacionado con la ejecución de
sus actividades. Está previsión,  además  de
discriminatoria, no contempla siquiera la necesidad de  proteger e 
incentivar la industria local. En cuanto a regalías, la Ley 
24.196 establece que las provincias no podrán cobrar un
porcentaje  superior al 3% sobre el valor “boca mina” del
mineral extraído. En  San  Juan –paradigma de la
megaminería–, en concepto de regalías, la  empresa 
Barrick Gold, por Veladero (la mina más grande de la  provincia),
aportó  en 2009 sólo el 1,7% en concepto de regalías
del  mineral extraído. Esto  significó que del total de
ingresos de la  provincia haya sido menos del  1% del total (38 millones
de pesos de  regalías de un ingreso total de  3.960 millones de
pesos).




Asimismo,   los
daños ambientales que produce la actividad minera están  
suficientemente probados; tal es así que el Parlamento Europeo, en
su   resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la
prohibición general el  uso de las tecnologías
mineras a base de cianuro en la Unión Europa.  Los 
fundamentos de esa resolución no se refieren solamente el uso del  
cianuro, sino al agotamiento de recursos hídricos; al
carácter   transfronterizo de los procesos contaminantes, al mal
desempeño social,   ambiental y económico de las empresas
operadoras y a la   irresponsabilidad ante el cierre de minas. Todo un
decálogo que las   empresas trasnacionales, muchas provenientes de
esos países, transgreden   cotidianamente en nuestras
latitudes.



Hablar   de
“desarrollo total de las fuerzas productivas”, por más
que se  quiera  citar ciegamente a Marx o a Perón, implica un gran
retroceso e   ignorancia; es volver a una concepción lineal del
desarrollo,   ampliamente cuestionada en vista de los costos sociales,
sanitarios y   ambientales que el planeta está afrontando.
Muestra a las claras  que,  más allá del discurso y aunque
hablen de “cuidado ambiental”, las   grandes empresas (y sus
representantes) conservan una concepción   productivista, que
identifica el desarrollo con el mero crecimiento   económico, sin
contemplar los indicadores sociales y ambientales, que   continúan
siendo desastrozos.



Hablando   de la falta de legitimidad social de
la minería y el incumplimiento de   las promesas de desarrollo, el
director del principal diario   catamarqueño, expresaba, “El
discurso antiminero, por otra parte, no   tendría ningún
margen para extenderse si los catamarqueños pudieran   percibir que
la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su  
calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido. Por el   contrario,
se ha permitido el dispendio de la renta minera, dilapidada   mayormente
en aras del clientelismo y la corrupción”. (Silvio Zitelli,  
17-06-10)



La  
megaminería tiene un fuerte impacto ambiental y económico,
ya que   utiliza sustancias químicas contaminantes; consume enormes
cantidades de   agua y energía; compite con otras actividades
económicas (agricultura,   ganadería), por tierra y recursos
hídricos; en fin, tiende a   desestructurar la vida de las
poblaciones, desplazando las economías   regionales preexistentes,
al tiempo que genera impactos negativos en la   salud y el ambiente.
Toda una síntesis de
“maldesarrollo”.

Pero   además, el modelo
minero pone en jaque a la democracia, porque avanza   sin consenso de las
poblaciones, generando todo tipo de conflictos   sociales y violaciones de
derechos humanos. Por ende, no se  trata sólo  de una
discusión económica o ambiental, sino también 
política: de saber  si queremos o no debatir lo que entendemos por 
“desarrollo sostenible”;  si apostamos a que esa
discusión sea  informada, participativa y  democrática, o
aceptamos la imposición que  quieren endosarnos nuestros 
gobernantes locales y las grandes  corporaciones, en nombre de las 
“nuevas oportunidades económicas” y de  un falso
desarrollo.
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