<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">El
diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre
de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió
el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto
López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de
Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras
ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional
del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del
Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al
contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con
Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las
sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra
eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese
mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a
Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los
derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la
hipocresía.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:
Arial;">“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo
dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo
repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre
fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda
y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales
orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista
que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa
vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron
hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de
Gobierno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Gildo
Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese
último año asumió la gobernación, cargo que
mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder
provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán
apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los
primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron
siete años de apoyos mutuos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Dentro
de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno
de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente.
Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales
denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los
medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el
título de la investigación de Amnistía Internacional
sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde
describe la violación sistemática de derechos humanos, el
despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato
político-estatal que margina y coacciona a los pueblos
indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó
junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la
violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho
internacional, maltrato y discriminación institucional, y
coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales
intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas.
“El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la
violación de derechos, sino también a reforzar la
situación histórica de discriminación,
exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”,
afirma Amnistía.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">La
Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del
Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente
de Desarrollo Social) recibieron la investigación de
Amnistía. Nada hicieron.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">En
abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del
Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña.
María Cristina López, de 22 años, y Mario
García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La
Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa
legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían
territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades
curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de
esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Cuando
se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar:
los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible,
blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los
pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz
autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio
indígena está invisibilizado por una cuestión
de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la
Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó:
“En la última dictadura militar se avanzó sobre un
sector de clase media activo en política, inclusive con un
segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente
como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la
represión y de su capacidad para hacerse oír en
público”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:
Arial;">Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una
larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para
muchos sectores) como violación a los derechos humanos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Luego
del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se
tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el
costo político. La clase política y la corporación
periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia.
Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la
represión formoseña nadie del oficialismo necesitó
esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el
kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y
que el costo político y social del asesinato indígena no se
asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con
María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un
asesinato indígena pareciera no tener costos
políticos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Sin
embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo
Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el
kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos
originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo:
monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de
árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son
políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería
legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y
profundización de ese modelo extractivo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:
Arial;">Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la
minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos
siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se
desmontó y se explotó recursos naturales como en la
última década. Y el avance de estas industrias implica el
avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación
de derechos humanos a cuesta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">En
Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza
y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y
nacional.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Los
pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias,
pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el
convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una
consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal
y privada a esa resistencia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Salta,
Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a
Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e
indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al
igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre
asambleas socioambientales que rechazan la minería. La
oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río
Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen
la crítica de la Presidenta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">La
muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a
intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas
que el Gobierno tomó en favor del pueblo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">El
asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser
(al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento
justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre
todo, la complicidad política que ocasiona esos
asesinatos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:
Arial;"></span><span style="font-family: Arial;">Optar por el silencio es
muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán
hecho”.</span></p>
--<br />Fuente: <a
href="http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/">blog
de Dario Aranda</a>