[Todos] Discurso del FEM, Consejo Directivo Extraordinario

[Frente de Estudiantes Movilizados]

Reproducimos el discurso que dieron los consejeros del FEM!(mayoría
estudiantil y presidencia del CECEN) durante la sesión del Consejo
Directivo Extraordinario del día de ayer, miércoles 2 de junio.
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Ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Saludo la presencia de
tantas personas interesadas en este tema tan fundamental para la facultad
como lo es el tema de las acreditaciones.

Este consejo directivo extraordinario está reunido hoy para resolver un
conflicto muy profundo que se dio en el seno de la comunidad académica.
Nos parece pertinente repasar un poco los motivos que hay detrás del
conflicto y cómo llegamos hasta el día de hoy.

En primera instancia, lo que está en juego desde el principio es el modelo
de universidad que queremos.
La Ley de Educación Superior vigente fue sancionada en 1995, en el marco
de un gobierno que se caracterizó por un acatamiento servil a las recetas
que promovía el neoliberalismo desde los organismos de crédito
internacional. Es por eso que no es casual el rol que juega esta ley en el
sistema de Educación Superior. Estamos hablando de un proceso de
mercantilización que, en mayor o menor medida, ha ido avanzando sobre
todas las facultades y universidades nacionales de la Argentina.

Entonces ... ¿En qué consiste este proceso de mercantilización? Se trata
de reformular la actividad universitaria en función de las necesidades del
mercado. Desde las definiciones más básicas de la ley ya se puede
evidenciar esto. La ley define a la educación superior como un “servicio”,
es decir, como un bien de cambio, susceptible de transacciones
mercantiles. La universidad es, para esta ley, un organismo que “vende” un
servicio para quien lo pueda “comprar”. Es por ello que en todo el
articulado de la ley ni siquiera se garantiza la gratuidad de las carreras
de grado, una larga tradición de nuestras universidades nacionales.

Hay que destacar que este proceso no se inicia con la LES ni es un
fenómeno específico de nuestro país. En Europa, los sistemas
universitarios fueron homogeneizados bajo un programa que se denominó el
“plan Bolonia”, que se viene aplicando desde hace 10 años con
consecuencias nefastas para la educación. La reducción de carreras y
multiplicación de posgrados ha aumentado severamente los costos de la
educación, reduciendo las posibilidades de acceso a los que tienen menos
recursos. Los conocimientos impartidos son fragmentados y fundamentalmente
prácticos, relegando el pensamiento crítico, el fomento de la imaginación,
y buscando formar graduados preparados para hacer lo que las empresas
necesitan.

Las definiciones más grotescas y evidentes de la LES opacan otras que son
igual de peligrosas para la educación pública, pero que suelen pasar
desapercibidas. La ley establece, fundamentalmente, dos mecanismos
centrales a través de los cuales la universidad queda fuertemente atada a
los intereses mercantiles. Estamos hablando del financiamiento y de los
organismos de control y evaluación.
En materia de financiamiento, la ley habilita a las universidades a
financiarse a través de recursos propios. Esto va desde el cobro de
aranceles hasta la venta de servicios, patentes, convenios con empresas,
etc. En el marco de un profundo desfinanciamiento de la universidad
pública, y especialmente de la UBA, la búsqueda de fondos para poder
funcionar pasa a ser el eje articulador de toda la política universitaria.
Axial, bajo el amparo de una supuesta autonomía, la universidad se ve
obligada a reformular sus líneas de investigación y programas de materias
en función de captar fondos de los sectores que concentran el capital.
Bajo esta lógica, quien gobierna la universidad no es el cogobierno de
claustros, sino la dictadura del libre mercado.

En materia educativa, se crea un organismo de evaluación y acreditación de
las universidades, la CoNEAU, cuya composición tiene mayoría del poder
político (3 de senadores, 3 de diputados, 1 del ministerio de educación),
participación de universidades privadas y donde las universidades públicas
están en minoría. Este organismo acredita las carreras declaradas de
interés público por el ministerio y tiene el poder de cambiar los
programas de las carreras. Sus dictámenes son públicos y las consecuencias
de su aplicación ya son conocidas a partir de las experiencias que se
dieron en las facultades de Ingeniería, Odontología y Veterinaria de la
UBA y en otras Universidades. Implementación de Prácticas Profesionales
Supervisada para recibirse, pasaje de materias a postgrados pagos, aumento
del contenido técnico-práctico por sobre el teórico-científico, son
algunas de las consecuencias destacables.
Además, la ley establece que el presupuesto estatal se distribuirá a
partir “criterios de eficiencia”. La CoNEAU es el organismo que define
esos criterios de “eficiencia” con los que se evalúa a las universidades.
Universidades con carreras largas o altas exigencias obtienen bajos
puntajes debido a sus niveles de deserción estudiantil. Lejos de ayudar a
la permanencia de los estudiantes en estas casas de estudio, la ley
penaliza a estas universidades con menos presupuesto. La salida más
natural termina siendo simplificar los programas o acortar las carreras.

Estos son algunos de los puntos centrales de esta ley que operan en
función de establecer un nuevo modelo de universidad. El modelo de
universidad que quieren los sectores financieros y empresariales.

Subyace en esta discusión entonces la pregunta central: ¿Qué modelo de
universidad queremos? Porque si nos oponemos a un proceso de
mercantilización de la educación es porque es un modelo diametralmente
opuesto al que creemos que debe tener una universidad: una universidad al
servicio de pueblo.

¿Y qué es una universidad al servicio del pueblo? En principio, debe ser
una universidad donde la educación se conciba como un derecho, no como un
servicio. Todo el pueblo debe tener que poder acceder a la universidad, lo
que implica garantizar la gratuidad y la permanencia del estudiante en la
carrera.
Por otro lado, la principal función de la docencia debe ser la generación
de pensamiento crítico. Debemos construir nuevas prácticas que estimulen
la creatividad, el análisis crítico, el cuestionamiento sobre nuestro rol
en la sociedad. El rol social del científico debe ser el centro
articulador de nuestras prácticas, en contraposición al rol de mercancía
que se le asigna actualmente a la investigación.

Tanto la investigación como la extensión deben contemplar estos roles y
establecer nuevos vínculos con la sociedad. O, mejor dicho, vínculos más
directos con el pueblo. Las relaciones de extensión no se pueden reducir a
la generación de empresas innovadoras o desarrollos tecnológicos que se
apropian estas empresas. Las empresas no son el pueblo y tienen intereses
propios, atados a la lógica de buscar la mayor rentabilidad. Si el pueblo
sostiene a la universidad, es responsabilidad de la universidad
involucrase con los problemas del pueblo, los problemas de la gente común,
trabajadora, los pobres, los desocupados, los que pagan en el día a día
los sueldos de los docentes e investigadores que la universidad alberga. Y
esto no quiere decir que tenemos que ir a resolver los problemas técnicos
que adolecen al pueblo. Sino involucrarnos, hacerlos propios, aprender de
ellos, crear un vínculo a partir del cual la universidad se enriquece del
pueblo y el pueblo de la universidad.

Muchos ensayos de modelos de universidad se han dado en nuestra historia.
Algunos más progresivos, otros directamente regresivos. El modelo de
universidad que soñamos no existe y es nuestro desafío construirlo. No en
base a ideas abstractas, sino en base a propuestas, hechos concretos, a
nuevas prácticas. Y debemos recoger en esas prácticas la experiencia
acumulada en estos dos siglos de existencia de la UBA y aportar con nuevas
prácticas e ideas a la construcción de un modelo superador que genere la
universidad que el pueblo realmente necesita.

En el desarrollo de este conflicto, muchos defienden el actual modelo de
facultad sugiriendo que en nada han afectado las políticas
mercantilizantes al modelo. Hay cuestiones fácticas concretas que pueden
refutar estos argumentos. Nos gusta recordar un ejemplo que resulta más
que contundente. En los ‘60, la “estrella” de los proyectos de extensión
era EUDEBA, una editorial universitaria que consideraba al libro como un
bien social, y distribuía conocimiento barato y de calidad de forma
masiva. Hoy en día, el proyecto de extensión “estrella” es el INCUBACEN,
una incubadora de empresas privadas funcionando dentro de la universidad.
Los cambios son notables.

La pregunta es: si hace décadas que este proceso de mercantilización viene
avanzando, ya sea en forma visible o en otras formas menos evidentes, ¿Por
qué aparentemente nadie lo percibía?

Este es el otro punto central de la discusión. ¿Por qué nunca se discute
de política universitaria?. Pareciera que la política universitaria
estuviera reducida básicamente a prácticas de gestión. Las autoridades de
la facultad representan a un sector que viene gobernando esta facultad
desde hace dos décadas al menos. ¿Cuántas veces se impulsaron discusiones
sobre el modelo de universidad? ¿Cuántas veces el Consejo Directivo
estimuló la politización e involucramiento de la comunidad universitaria
en las decisiones fundamentales que hacen al modelo de facultad y
universidad que queremos?

Si esta discusión se instaló con tanta fuerza no fue por la decisión
“libre” de un Consejo Directivo, sino por mérito del movimiento
estudiantil.
Así es. Fue la inquietud de los estudiantes la que despertó interrogantes
respecto de las implicancias de acreditar. Las implicancias de aceptar la
Ley de Educación Superior. Fue el movimiento estudiantil el que asumió una
postura políticamente activa y salió a discutir este complejo problema de
cara a todos los estudiantes y hacia los otros claustros también. Y fue el
movimiento estudiantil el que exigió que las decisiones al respecto debían
ser tomadas por la comunidad toda luego de dar un debate serio y
comprometido.

Es por esto que este conflicto estalló a finales del año pasado con una
toma de decanato donde se exigió puntualmente la suspensión de todas las
acreditaciones hasta que se de dicha discusión. Más aun, fue desde los
estudiantes desde donde surgió una propuesta concreta y seria para dar
esta discusión, con tres semanas de jornadas de debate y una instancia
posterior de decisión colectiva. Y lo más interesante es que el movimiento
estudiantil no descansó simplemente en la aprobación de estas iniciativas
sino que tomó un rol activo, proponiendo oradores, fiscalizando
elecciones, organizando debates en paralelo, utilizando sus propias
herramientas gremiales e institucionales para dar la discusión más
profunda posible, alcanzando a la mayor cantidad de gente posible. Dado
que las mismas instituciones de la facultad no garantizaban sus intereses,
el movimiento estudiantil se dio sus propias herramientas para seguir
dando el debate. Por ejemplo, ante la propuesta de encuesta presentada
desde el decanato, donde la acreditación era interpretada desde el punto
de vista de una discusión técnico-burocrática, el movimiento estudiantil
organizó su propio plebiscito donde primaba el carácter político de la
decisión que se debía tomar. Sin desconocer la herramienta institucional.
Pero sin dejar librada la discusión a los criterios que se imponían desde
la institución o desde otros claustros.
El movimiento estudiantil fue el que, en todas las instancias, garantizó
la amplitud del debate y puso la agenda política.

El resultado de todo esto es conocido. La comunidad académica se expresó a
través de las urnas en un plebiscito y en una consulta luego de múltiples
instancias de debate abierto. Y el resultado fue más que contundente. La
comunidad le dijo NO a las acreditaciones.

De esta forma llegamos al día de hoy. Hoy los consejeros tenemos la
responsabilidad de aprobar lo que la comunidad ya expresó. El proyecto que
presentamos obra en consecuencia, y tiene como eje central la NO
acreditación de las carreras.
Hoy somos representantes de la comunidad académica de la facultad y
debemos dejar a un lado los intereses corporativistas de los claustros.
Como consejeros directivos, como actores políticos que somos, debemos
tomar una posición clara y definida respecto de este tema. Es una
irresponsabilidad no expresarse sobre algo tan fundamental, cuando está
sobre la mesa un proyecto que divide aguas respecto del modelo de
facultad. Por eso, instamos a los consejeros a posicionarse claramente.
Nadie que entienda que juega un rol político en este Consejo puede evadir
este posicionamiento. Y los que decidan ir en contra de la voluntad de la
mayoría tendrán que justificar su actitud sectaria y pagar el costo
político de ese posicionamiento.
Y nosotros, y cuando digo nosotros no me refiero solamente al FEM! sino al
movimiento estudiantil, nosotros seguiremos velando, como siempre lo
hicimos, por la educación publica, gratuita y de calidad que el pueblo
merece.

Muchas gracias.


-- 
Frente de Estudiantes Movilizados
(La Mella en exactas + No Agrupados)
Presidencia del CECEN
Mayoría Estudiantil en el Consejo Directivo
http://www.elfem.com.ar
festudiantesmovilizados en gmail.com