[Todos] Minería: carta de la UAC a las autoridades universitaria s

[Colectivo desde el Pie]

Reenviamos declaracion de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

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Córdoba, 13 de diciembre del año 2009.
Señores Rectores, Decanos, Docentes, Estudiantes y Trabajadores de las
Universidades Nacionales.

En el marco del tratamiento de los fondos remitidos a las Universidades
Nacionales procedentes de utilidades de la UTE Minera Alumbrera-YMAD,
según Ley 14.471 y distribuidos por el Consejo Interuniversitario Nacional
(Acuerdos Plenarios Nº 672 del 27 de mayo de 2008 y 699 del 18 de mayo de
2009), desde la Unión de Asambleas Ciudadanas reunida en la Ciudad de
Córdoba en se 11vo Encuentro, queremos expresar nuestro más profundo
rechazo a que las universidades públicas reciban dichos fondos
provenientes de ésta y otras empresas transnacionales que precarizan
nuestra vida en todos los ámbitos. Por ello, exhortamos a los cuerpos
colegiados a tomar en consideración nuestras voces de ciudadanos y
pobladores directamente afectados por el modelo extractivo megaminero.

Como lo venimos expresando desde el año 2008 ante distintas Universidades,
nos oponemos terminantemente a la explotación minero metalífera a cielo
abierto mediante la utilización de sustancias tóxicas. Esta modalidad de
explotación afecta la salud, contamina nuestros bienes naturales, desvía
las aguas disponibles para la vida humana y la producción de acuerdo con
los requerimientos exorbitantes del proceso extractivo, trastoca
compulsivamente los entornos naturales y el desarrollo de las actividades
productivas locales, vulnera los estilos de vida y las identidades
culturales en los territorios y comunidades donde se localizan y/o
producen sus efectos los emprendimientos. El modelo inversor configurado
aparece totalmente desvinculado de las expectativas de desarrollo de las
sociedades donde se emplazan las explotaciones y no incorpora, como parte
del proceso decisorio, la consulta social previa a las comunidades
involucradas.
Las asambleas ciudadanas venimos exigiendo el cese de este tipo de
explotación minera que sólo produce saqueo y contaminación de nuestros
recursos naturales, a los que consideramos bienes comunes. Como resultado
de estas luchas, al día de hoy siete provincias argentinas han sancionado
y promulgado nuevas leyes que prohíben la megaminería tóxica en sus
jurisdicciones.
Consideramos que la Universidad Pública debe defender el principio de la
autonomía universitaria; una autonomía basada en la defensa de la libertad
científica, cuyo fin es resguardarla de los espacios de poder, económico,
político, religioso, entre otros. Una concepción de la autonomía
universitaria que sea indiferente a la intromisión de los diferentes
poderes, o que, por ejemplo, no lleve a tomar recaudos con empresas
denunciadas por los pobladores de manera reiterada, es sin duda una
autonomía mal entendida, que revela una distorsión mayor del rol social de
las Universidades Públicas. En esta línea, las asambleas ciudadanas
instamos a las universidades e instituciones del sistema científico y
técnico a desarrollar un proceso de autorreflexió n que de cuenta de la
gran responsabilidad que le cabe al sector público en la promoción del
bienestar de la sociedad vinculado a la profundizació n de los procesos
democráticos y a la
 protección de los derechos de ciudadanía consagrados en nuestra
Constitución Nacional.
Por todo ello, las asambleas ciudadanas, como numerosos docentes,
estudiantes, graduados y trabajadores no docentes de casi 30 unidades
académicas del sistema universitario argentino, exhortamos a los cuerpos
colegiados a rechazar toda partida de fondos que provengan de Minera La
Alumbrera, en el marco de sus objetivos corporativos, emulando la decisión
ya adoptada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad
Nacional de Luján, a la que se ha arribado como resultado de una campaña a
nivel nacional para que se rechace la segunda partida de $36,8 millones y
las futuras. Cabe destacar que los pronunciamientos y rechazos efectivos
prueban que la ley 14771 no obliga a las universidades a aceptar dichos
fondos, sino a la empresa a entregar utilidades.
Por otra parte, desde el pasado año la UAC ha aportado justificadas
razones para sostener su demanda de rechazo en numerosos debates,
compartiendo su posición frente a esta problemática con académicos,
investigadores, docentes, no docentes y estudiantes de distintas unidades
académicas del país.
Sin caer en principios puristas, consideramos que el financiamiento de la
educación pública debe estar sostenido únicamente por el presupuesto
aprobado por el Congreso Nacional. El financiamiento público es lo único
que garantiza la autonomía con respecto a los intereses de las empresas.
Si la educación pública necesita más fondos se le debe exigir al Estado
nacional que garantice las partidas destinadas a solventar los gastos y
las universidades no pueden ni deben ofrecerse al mejor postor con el
objetivo de recibir migajas que sirven para legitimar este modelo
saqueador y contaminante. Sin importar las razones esgrimidas para
aceptarlos, ya sean con fines académicos, de investigación o de
infraestructura. No cabe duda que privatizar el presupuesto universitario
es privatizar la educación.
Sin embargo no es solo una cuestión económica y de dónde proviene el
financiamiento, si no que está directamente relacionado con qué tipo de
universidad queremos, al servicio de qué y de quiénes. La función de la
universidad debe ser formar sujetos y profesionales críticos y autónomos
capaces de aportar a la construcción de un modelo alternativo al vigente,
respetando la soberanía de los pueblos en decidir que tipo de desarrollo
queremos, rompiendo con la colonización del pensamiento que solo concibe
al desarrollo como el modelo impuesto por el capitalismo occidental que
avasalla con los derechos y la dignidad de los pueblos.
Así mismo expresamos nuestro repudio a todxs los miembros de la comunidad
universitaria que han aceptado los fondos de la Alumbrera, dando la
espalda o haciendo oídos sordos de las sobradas razones que motivan
nuestra exhortación a su rechazo. Considerando que todo tipo de decisión
tiene un costo político y legal, llamamos a la comunidad toda a hacer
cumplir dicho costo a aquellos responsables que, por acción u omisión,
reproducen este sistema que no respeta la voluntad de las comunidades, que
profundiza el saqueo y la contaminación y que atenta contra la autonomía
universitaria.
Por todo lo expuesto, consideramos indispensable que las universidades
rechacen todo tipo de financiamiento privado, teniendo en cuenta el
impacto social que representa esa decisión en el marco de que existen
numerosas asambleas de todo el país, que vienen denuciando y luchando en
contra de los intereses de esas empresas.
· Porque la educación pública no se vende, se defiende para el bien común.
· Porque este modelo saqueador y contaminante precariza nuestras vidas.
· Porque los pueblos tenemos soberanía para decidir qué tipo de desarrollo
queremos.

Unión de Asambleas Ciudadanas

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