[Todos] Concesión minera abarca la ciudad de Andalgalá

[Leonardo Boechi]

El diputado Fernando Pino-Solanas lo denunció junto a vecinos de esa
ciudad el permiso minero otorgado por funcionarios nacionales y
catamarqueños a la minera multinacional Billington, que implicaría el
desalojo de una de las ciudades más importantes de los valles de
Catamarca, Andalgalá.

Los vecinos de Andalgalá llegaron a Buenos Aires para denunciar el intento
de desalojar el pueblo catamarqueño para comenzar con la explotación
minera.

Solanas continuó: "Ya no es la nube de polvo mineralizado que baja de las
explotaciones sobre las plantaciones y producciones agrícolas, ya no es la
contaminación de los afluentes; ahora se trata del yacimiento Piliciao 16,
que es en la propia ciudad de Andalgalá, y se habla de indemnizar a los
vecinos para trasladarlos."

Al respecto, los vecinos autoconvocados de Andalgalá Sergió Martínez y
Urbano Cardozo, exigieron a los nuevos legisladores nacionales "que se
hagan cargo de la petición del Consejo Asesor del Inta de Andalgalá para
declarar zona de exclusión minera a aquellos emprendimientos que están
sobre las cuencas de agua que abastecen a nuestro pueblo". "Somos unos 20
mil habitantes, tenemos la propia información de la Secretaría de Minería,
sus contratos, y nos están diciendo que nos tenemos que ir del lugar donde
elegimos vivir, para que estas mineras puedan seguir contaminando. Ya
llevan 12 años acá estropeando el agua y el aire: hay un enorme aumento de
enfermedades de vía respiratoria y cáncer y aparecen nuevos casos de
leucemia."

La conferencia se realizó en Ate Nacional (Belgrano 2527). Acompañaron a
Solanas y a los vecinos, el diputado Jorge Cardelli y el Secretario
General del PSA, Mario Mazzitelli.

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Las sombras de La Alumbrera

» Por Maristella Svampa y Enrique Viale

Hasta no hace mucho, se les pedía una ambulancia, computadoras o que
pintaran una escuela. Las mineras, gustosas, y a manera de espejitos de
colores, entregaban éstas y otras dádivas en las localidades cercanas a
sus megaemprendimientos, en un contexto de Estados cómplices, retirados o
ausentes. Pero ahora resulta más fácil, más económico, más ignominioso
aún: basta con que junten las sobras de cada comida…

Fue idea del diputado nacional del Frente para la Victoria Gerónimo Vargas
Aignasse, de Tucumán, quien presentó un proyecto de Declaración para que
el Congreso de la Nación exprese “que vería con agrado que el alimento
sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de
donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas,
comedores escolares y sociedades de beneficencia de niños carenciados de
Catamarca y Tucumán”. La entrega de sobras a escolares y carenciados,
¿será el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería
invocan para defender la actividad? ¿O será una expresión novedosa del
clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo y
vacuo concepto de “responsabilidad social empresarial? Pero, ¿acaso no era
que la minería sería un motor de desarrollo provincial?

Como afirma Horacio Machado, profesor de la Universidad Nacional de
Catamarca, allá por 1997, cuando arrancó La Alumbrera, “predominó la
sensación de que, aún cuando las condiciones y concesiones otorgadas a las
empresas mineras eran excesivas, se trataba de la “única alternativa para
aprovechar tales riquezas como ‘motor del desarrollo’ provincial”. Sin
embargo, la historia mostró que la mina no mejoró ni un ápice los niveles
de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo
contrario. La Alumbrera, como caso testigo, mostró los límites de un
modelo de desarrollo asociado al enclave de exportación. Con los años, a
la par que fueron cayendo los índices industriales y de la construcción,
los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo muy altos y
la tasa de desocupación aumentó visiblemente. Hacia 2006, sólo en
Andalgalá, ascendía a más del 25 por ciento. Por otra parte, ¿cómo ignorar
que los gravosos efectos ambientales que viene produciendo La Alumbrera
continúen siendo objeto de numerosas denuncias por parte de ciudadanos y
organizaciones socioambientales? Esto sin contar las serias denuncias
judiciales y parlamentarias sobre los valiosos metales exportados, como
molibdeno y plata, que no son declarados merced de los laxos o nulos
controles gubernamentales. ¿O acaso no fueron las reiteradas denuncias por
contaminación ambiental las que, en 2007, condujeron a sancionar una ley
de prohibición de este tipo de minería, nada menos que en la provincia de
Tucumán, donde se encuentra la sede administrativa de La Alumbrera, de la
que la propia Universidad Nacional es socia y de donde es oriundo nuestro
imaginativo diputado?

Frente a la original visión asistencial que nos prodiga el diputado
oficialista, podemos preguntarnos: ¿por qué no buscó ampliar su proyecto
de declaración para incluir que el Congreso Nacional “vería con agrado”
que la empresa no contamine la cuenca del Salí-Dulce o del río Vis-Vis;
que la minera transnacional utilizara un poco menos de agua, dado que
dilapida en una región árida 100 millones de litros diariamente? Todo esto
no ocurre porque el gobierno nacional no sólo no está interesado en traer
a la agenda pública estos temas, sino que además es responsable de la
profundización del actual modelo minero.

El pedido del diputado al Congreso Nacional aparece así como la metáfora
perfecta de lo que significa la minería a gran escala en nuestro país:
pobreza, desigualdad, neocolonialismo y una vergonzosa subordinación
social, económica y política a las empresas transnacionales.